La inquisición y el problema de los Anussim hasta 1492.

A. El establecimiento de la Inquisición.

En 1477 llegaron los Reyes Católicos a Sevilla en el itinerario de un viaje destinado a pacificar Castilla. En esa ciudad concedieron una audiencia a un fraile llamado Alonso de Hojeda, quien les rogó que tomaran medidas para resolver la situación que se encontraba la religión católica. El cronista de los reyes, Hernando del Pulgar, nos ha dejado un detallado relato de la solicitud presentada por Hojeda[1]. Todo parece indicar que el encuentro no fue fortuito, ya que los monarcas decidieron actuar de inmediato para poner remedio al problema planteado por los judíos convertidos al catolicismo. Así se envió una carta al papa Sixto IV como si la cuestión se hubiera suscitado de repente; en ella se pedía permiso al pontífice para erigir un Tribunal Nacional de Inquisición de Castilla,  con sede en Sevilla, para extirpar la herejía de los judaizantes. Parece que con ello se materializaba la idea propuesta por Alonso de Espina en su Fortalitium Fidei.[2]

         En 1478 se obtuvo la audiencia papal, pero hasta l 27 de septiembre de 1480 no se designó inquisidores a Juan de San Martín, prior del Monasterio de San Pablo de Burgos, y al maestre Miguel de Murillo. El 1ro de enero de 1481 iniciaron sus funciones sólo en la ciudad andaluzana, a pesar de que habían sido designados inquisidores para toda Castilla.  A este respecto se emitió una Bula en la que se especificaba que los Reyes Católicos se comprometían a emprender una cruzada contra la Granadamusulmana para que España, y con ella toda Europa cristiana, quedaran libres del yugo de los musulmanes[3]. No hay duda de que Fernando e Isabel proyectaban ya de antes un espectacular expedición de conquista y de que el espaldarazo papal a su política no vino más que a servir sus intereses internacionales e internos. Este compromiso les permitió reafirmar su propia política con respecto a los conversos por medio de la formación del Consejo Supremo de la General Inquisición.

         El conjunto de los factores mencionados prueba sin lugar a duda que se eligió Sevilla como parte de un experimento destinado a poner en marcha una nueva forma de abordar la cuestión conversa, que podía además aprovecharse para solucionar algunos problemas internos del reino.

         Existen testimonios claros de que en la corte había distintos grupos de presión entre los que se desencadenó una reñida polémica. Podemos resumirlo diciendo que la controversia se daba entre dos tendencias:

a)   La “libertad”, por llamarla de alguna forma, compuesta por algunos cortesanos, como el mismo cardenal de España don Pedro González de Mendoza, y

b)   La “radical”, que hacía honor a su nombre exigiendo que se tomaran medidas drásticas para la erradicación total de toda herejía.

Al frente de estos “radicales” se encontraba Tomás de Torquemada (Yimaj Shemo), prior del convento de la Santa Cruz de Segovia, quien tenía una gran influencia sobre la reina Isabel.

Antes de tratar el tema de cómo la Inquisición se expandió por todo el reino, hay que recordar que en el de Aragón existía ya una Inquisición papal en actividad desde la segunda mitad del siglo XIII. En el de Castilla, por otra parte, la animosidad contra los conversos crecía incisamente desde la segunda mitad del siglo XV, traduciéndose en esporádicos ataques armados del populacho contra los judíos que habían sido convertidos a la fuerza al catolicismo (anusim) en varios lugares. El gobierno, por su parte, estaba abocado a una acción organizada que tenía por objetivo acabar con los desórdenes en el reino, con el problema de los conversos y con el de la minoría judía. Problemas que, por otra parte estaban ligados entre sí.

         Hay que subrayar a este respecto que la Iglesia, o para ser más exactos, una áte de ella, activa en asuntos religiosos, estatales y sociales, tuvo un papel directo en las medidas que se tomaron contra los conversos judaizantes. Don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, fue el primero en poner en práctica de forma efectiva una investigación de la herejía, aplicando las sugerencias propuestas por Alonso de Espina. Entre finales de 1474 y comienzos de 1475, Alonso Carrillo (que, como es bien sabido, había tomado parte en el levantamiento contra Fernando e Isabel de 1474) designó como inquisidor a un tal doctor (o licenciado) Tomás de Cuenca, que quedaba encargado de investigar la herejía entre los conversos de la Ciudad Real. Para llevar a cabo este nombramiento, don Alonso Carrillo hizo uso de sus facultades como arzobispo, ya que era misión de los obispos indagar si existían focos de herejía en el territorio que tenían bajo su jurídico para erradicarlos de manera definitiva. La designación de Tomás de Cuenca tuvo, a pesar de todo, carácter excepcional, ya que fue directamente el propio papa quien le otorgó sus poderes. No sabemos cuánto tiempo estuvo este inquisidor en activo ni si servia todavía cuando los Reyes Católicos solicitaron en 1477 una autorización oficial del papa Sixto IV para establecer en Castilla un tribunal de Inquisición que tuviese alcance nacional y cuya actividad estuviese controlada por el gobierno. Pero al menos los expedientes de la Inquisición nos dicen que en 1474 actuaba en Ciudad Real.[4] Por otra parte, podemos presumir que el nombramiento llevado a cabo por el arzobispo de Toledo no cuadraba con la política centralizadora de los Reyes Católicos, como queda claro por la iniciativa de estos últimos en Sevilla en 1477.

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[1] Hernando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, versión inédita A, edición y estudio por J. de Mata Carrizo, Madrid, 1943, pp. 334-337.

[2] Alonso de Espina, Fortalitium Fidei, 1ª ed. Nuremberg 1485,, <<Consideratio>> XI, f. 40v; H. Beinart, Los conversos ante el Tribunal de la Inquisición [abrev. Conversos], Barcelona, 1983, pp. 19-31.

[3] B. Lorca, Bulario pontificio de la Inquisición española en su periodo constitucional (1478-1525): Misclena Historiae Pontificae, vol. 15, Roma, 1949, pp. 48 y ss.

[4] Beinart, Conversos, pp. 92 y ss.